Defensoría del Pueblo introdujo recurso de interpretación ante Sala Constitucional del TSJ

El Defensor del Pueblo y máxima autoridad del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, introdujo la mañana de este martes 13 de junio, un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a fin de que se establezcan y aclaren, las competencias para la investigación y de plena asistencia de la Defensoría en relación a las víctimas por violación de derechos humanos.

Saab, expresó que han surgido diversas interpretaciones de los artículos 280 y 281 de la Carta Magna Venezolana, que le otorgan a la Defensoría del Pueblo, las atribuciones necesarias para velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos.

Las interpretaciones variadas,  que a juicio de Tarek William Saab le restan méritos a la Defensoría, han sido anunciadas en mayor medida por el Ministerio Público y por profesionales del derecho pertenecientes a instituciones públicas y privadas. Esto obligó a la consulta de la máxima sala de interpretaciones jurídicas relativas al texto supremo.

“La Defensoría del Pueblo, según los artículos 280 y 281 de nuestra Constitución, tiene cualidades inequívocas de investigaciones a violaciones de derechos humanos. Obviamente, que la Defensoría ha hecho valer estas acciones durante mi gestión, pero se ha presentado una controversia ante el sistema de interpretación de justicia, en donde se han generado distintas interpretaciones por parte del Ministerio Público, y por parte del Sistema Penitenciario…  Para nosotros no hay ningún tipo de dudas al respecto, pero sin embargo, no está de más consultar, porque esta acción fortalece a la democracia y a la institucionalidad del país”, argumentó el Defensor.

Saab destacó, que una de las competencias más importantes del organismo que dirige, es la asistencia especial para que víctimas de violación de derechos humanos, sean representadas por la Defensoría en los tribunales correspondientes.

“La Defensoría del pueblo puede promover pruebas, presenciar la realización de experticias y estar presentes en todas las audiencias, tanto preliminares como de juicios. Este es un alcance inequívoco de nuestra actuación en defensa de las víctimas de derechos humanos. Por eso, solicitamos esta aclaratoria, porque quien batalla del lado de las víctimas, ha sido siempre la Defensoría del pueblo sin ningún tipo de limitaciones”, expresó.

A continuación, se detallan, de forma íntegra y textual, los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que refieren su ordenanza sobre las competencias y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, relativa al acompañamiento de este órgano para con las víctimas de violación de derechos humanos:

Artículo 280.  La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.

La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será designado o designada por un único período de siete años.

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o Defensora del Pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Artículo 281.  Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:

1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República,  investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.

2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.

3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley.

4. Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos.

5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos.

6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley.

7. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos.

8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección.

9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos.

10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos.

11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos.

12. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

T: Samuel Clemente