Empresarios intervinieron en trama de corrupción de la Faja Petrolífera

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La participación de empresarios en la trama de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco está siendo demostrada por el Ministerio Público (MP), tras más de cuatro meses de investigaciones.

La detención del actor y empresario Manuel Sosa Morales -socio de Suministros Gramal C.A- ha permitido a la Fiscalía la identificación de una red que condujo al desfalco de la Faja, en combinación con altos gerentes de la industria petrolera.

Sosa fue imputado en octubre pasado, tras descubrirse que Gramal recibió 27,8 millones de dólares por diversas órdenes de compra con sobreprecio firmadas entre 2015 y 2016 con Petropiar, empresa mixta dedicada a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Bajo la figura de la delación, prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, Sosa Morales ha aportado datos al MP en torno a este desfalco, en el que están involucrados ocho exgerentes de Petropiar y el director de la Faja, Pedro León, quien se encuentra detenido, así como la identificación de 10 empresas que incurrieron en irregularidades, a través de 12 contratos que ocasionaron daños al patrimonio del Estado por 200 millones de dólares, al comprobarse sobreprecios de hasta 230% en el periodo 2010-2017.

Con respecto a Manuel Sosa Morales, el Tribunal del Área Metropolitana de Caracas lo condenó a cuatro años y cuatro meses de prisión por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación.

De igual forma, Sosa deberá pagar una multa del 40% del daño patrimonial causado a la empresa mixta Petropiar. El tribunal lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público en los próximos cinco años, impuso una multa de 40% con base al monto indebidamente apropiado por el empresario, así como la congelación de cuentas bancarias y prohibición de salida del país.

Adicionalmente, el MP inició una acción civil para devolverle al Estado venezolano 100% de los bienes indebidamente apropiados por Sosa.

La Fiscalía también ordenó privativa de libertad contra los empresarios Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín, directivos de la empresa Cuferca, quienes residen actualmente en Estados Unidos.

Varias empresas de la familia Urbano Fermín fueron allanadas en septiembre de este año, como la constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) que tiene una red de empresas registradas en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana.

También fueron intervenidas la constructora Hermanos Furlanetto C.A. (Confurca), con bases en el estado Zulia y Bogotá, Colombia; Consultoría, Ingeniería y Proyectos N.F. Metro Emergencia C.A.

Otras empresas pertenecientes al conglomerado Cuferca igualmente fueron allanadas: Servicio Constructora Roca C.A., Centro Médico Total Lechería C.A., diario El Norte y Meditotal.

El MP también solicitó a Interpol la activación de alerta roja para la detención de empresarios prófugos, dueños de tres empresas que presuntamente incurrieron en la contratación con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco y que fueron intervenidas: Cooperativa Servicios de Oriente, que obtuvo un contrato por 5,4 millones de dólares, cuyo dueño es Eduardo Celis García; Sumiservi 2021 C.A., compañía que firmó contrato por 18,8 millones y que es propiedad de Juan Carlos Díaz; Servicios de Construcción y Mantenimiento Romara, empresa que suscribió un contrato por 2,3 millones de dólares y cuya representante es Marialba Machado Suárez.

Texto y foto: AVN

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